El Gobierno analiza una eliminación gradual del impuesto al cheque
Javier Milei busca avanzar con una reforma para reducir la presión tributaria y simplificar el sistema. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, analiza una transición gradual para uno de los gravámenes considerados más distorsivos.
El Gobierno nacional analiza incluir la reducción y posterior eliminación del impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque) dentro de la reforma tributaria que el presidente Javier Milei busca impulsar antes de 2027. La iniciativa estaría siendo evaluada por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman. El objetivo sería avanzar hacia una menor presión impositiva sin comprometer el superávit fiscal, considerado por la administración nacional una condición central para aplicar cualquier rebaja.
El Presidente Javier Milei ratificó públicamente que la agenda del Gobierno contempla una reforma tributaria destinada a reducir la carga fiscal, simplificar el sistema y favorecer el comercio. Sin embargo, en las fuentes oficiales consultadas hasta el 3 de agosto todavía no figura publicado un proyecto que detalle específicamente la eliminación del impuesto al cheque ni un calendario definitivo. El tributo grava los movimientos bancarios y, en su esquema general, aplica una alícuota sobre los créditos y otra sobre los débitos. Para el Gobierno, su carácter acumulativo encarece las transacciones y puede influir en las decisiones económicas de empresas y contribuyentes.
Cómo sería la reducción, paso a paso
Aunque el diseño todavía está en análisis, el esquema contemplaría una transición antes de llegar a la eliminación total.
– Primera etapa: mantener el impuesto vigente. Hasta que el Congreso apruebe una modificación legal, las entidades financieras continuarán aplicándolo bajo el régimen actual. ARCA mantiene además un registro específico para cuentas y operaciones alcanzadas por exenciones o reducciones.
– Segunda etapa: ampliar el cómputo contra Ganancias. La alternativa evaluada consistiría en permitir que un porcentaje cada vez mayor del impuesto abonado pueda utilizarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. De esa manera, el gravamen seguiría siendo retenido por los bancos, pero reduciría progresivamente su costo efectivo para los contribuyentes.
– Tercera etapa: llevar el cómputo hasta el 100%. El porcentaje utilizable aumentaría de manera gradual hasta que la totalidad del impuesto pudiera descontarse de Ganancias. El modelo tomaría como referencia los beneficios que ya existen para determinados contribuyentes inscriptos como MiPyMEs.
– Cuarta etapa: eliminación legal del tributo. Una vez absorbido su impacto fiscal y garantizado el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno buscaría avanzar con su derogación. Este último paso requeriría la sanción de una ley en el Congreso.
El punto todavía pendiente es qué ocurriría con las empresas que pagan impuesto al cheque, pero no generan una obligación de Ganancias suficiente para absorberlo. También resta definir el tratamiento de los saldos no computados, los plazos de transición y las diferencias según el tamaño o la actividad de cada contribuyente.
El antecedente de las retenciones
La administración nacional evalúa replicar una lógica gradual semejante a la utilizada para reducir derechos de exportación. El Decreto 566/2026, por ejemplo, fijó alícuota cero para determinadas posiciones industriales y estableció cronogramas escalonados para otras, con el argumento de mejorar la competitividad sin comprometer la recaudación. Este antecedente muestra el criterio que Economía podría aplicar: una primera reducción focalizada, seguida por etapas programadas y condicionadas a la disponibilidad fiscal.
El plan sería instrumentado por el equipo de Luis Caputo y Carlos Guberman, mientras que ARCA tendría a su cargo la reglamentación operativa de los mecanismos de cómputo, registro y control una vez aprobada la reforma. Por ahora, la eliminación del impuesto al cheque debe interpretarse como un objetivo político y una propuesta en elaboración, no como una medida ya vigente. Su alcance efectivo dependerá del texto que finalmente envíe el Poder Ejecutivo, de la negociación parlamentaria y de las condiciones fiscales previstas para cada etapa.
