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Promoción y búsqueda de inversión, pero sin plata

El Gobierno nacional introdujo cambios en este texto con el objetivo de fomentar la llegada de nuevas inversiones al sector. ¿Cuáles son las nuevas tareas del Secretario de Turismo y Deporte de la Nación?

La medida, oficializada a través del Decreto 216/2025, fue publicada en el Boletín Oficial. Oficializa la disolución de programas como el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y redefine las funciones de la Secretaría de Turismo. Pero sobre todo potenciará la captación de inversiones para el desarrollo del turismo en el país. 

Según argumenta el Poder Ejecutivo, las modificaciones responden a la necesidad de reducir la injerencia del Estado en la asignación de recursos para el incentivo del turismo, permitiendo que las inversiones en el sector sean impulsadas principalmente por la iniciativa privada. En esta línea, el decreto enfatiza la importancia de que el Estado organice sus recursos con agilidad para adaptarse a los cambios del mercado y generar condiciones favorables para el desarrollo de proyectos sin interferencias que alteren la competitividad.

Asimismo, se recalca la necesidad de un enfoque federal en la gestión turística, asegurando que las provincias y municipios tengan mayor autonomía en la promoción y desarrollo del turismo en sus territorios. Se puede leer en el texto de ley: “Es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que avance sobre las competencias de las jurisdicciones”.

Una nueva orientación para la Secretaría de Turismo

Los cambios también impactan en los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo, que deberá enfocarse en la promoción de la inversión en el sector y la planificación estratégica con alcance federal. Entre sus nuevas responsabilidades, se destacan:

  • -oordinar e impulsar la promoción turística tanto a nivel nacional como internacional.
  • gestionar acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • diseñar campañas de marketing y difusión del turismo sin generar costos adicionales para el Estado.
  • promover incentivos para la inversión en el sector.

Además, el Gobierno instó a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a implementar medidas de fomento, desarrollo y promoción turística, ofreciendo beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la industria.

En referencia a estos cambios, Daniel Scioli declaró ayer en la 170˚ Asamblea del Consejo Federal de Turismo que se “busca transformar el turismo en un sector más dinámico, competitivo y atractivo, generando efectos positivos en la economía. La modificación de la ley también implica mayor autonomía para que provincias y municipios puedan desarrollar estrategias turísticas propias y cuenten con mayor margen para atraer inversiones sin restricciones nacionales”.

A modo de ejemplo el funcionario recordó el impacto positivo logrado en el sector, a partir de las desregulaciones ya efectuadas: “La apertura de los cielos ya generó 15 acuerdos bilaterales y 36 nuevas rutas; que ya hay un 20 % más de nuevas agencias de viaje, se simplificaron todos los trámites vinculados al turismo estudiantil, se facilitó el pago de propinas en el rubro gastronómico y se desafectó a los hoteles del insólito pago de una tasa a Sadaic por escuchar música en cuartos privados. En síntesis, más competitividad”. 

Un nuevo modelo basado en la libre competencia

Las reformas oficializadas ayer se alinean con el Decreto 70/23, que establece un marco económico basado en la libre competencia y la reducción de subsidios estatales. En este contexto, el Ejecutivo sostiene que no corresponde mantener asignaciones de recursos que impliquen mecanismos de intermediación en la asignación de fondos públicos.

El cambio de enfoque en la política turística marca un giro hacia la desregulación y la promoción de la inversión privada, con la expectativa de que el sector pueda autosustentarse y crecer sin intervención directa del Estado.

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