Argentina exigirá seguro de salud a los turistas internacionales
A partir del 1˚ de julio, toda persona que desee ingresar a Argentina como turista deberá contar con un seguro de salud que cubra eventualidades médicas durante su estadía en el país.
La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional en el marco de una reforma migratoria, fue oficializada el pasado 28 de mayo y será de cumplimiento obligatorio para ciudadanos extranjeros de distintas categorías.
Según la normativa, esta exigencia aplica a los visitantes de corta y larga estadía, así como a estudiantes internacionales, trabajadores temporales, y personas que ingresen al país por motivos personales, laborales o de tránsito, incluso si su estadía es por períodos breves, como un fin de semana.
Declaración jurada y cobertura médica obligatoria: para ingresar, los viajeros deberán completar una declaración jurada donde conste que poseen un seguro médico vigente que les permita afrontar cualquier necesidad sanitaria durante su permanencia en Argentina. El objetivo de la medida, según establece el decreto, es “regularizar el acceso al sistema de salud, la educación, la permanencia y las deportaciones”.
Si bien se aclara que en situaciones de emergencia no se negará el acceso a la atención médica, en los establecimientos públicos solo se brindará asistencia sanitaria regular a quienes acrediten contar con una póliza de salud.
¿Quiénes están exentos?: los únicos exentos de esta nueva disposición son los ciudadanos argentinos y los residentes permanentes, quienes seguirán teniendo acceso garantizado al sistema de salud pública en todo el territorio nacional.
Costos estimados: de acuerdo con estimaciones de distintas aseguradoras consultadas, un seguro de salud temporal para turistas tendría un costo promedio de USD 60, aunque los valores pueden variar según la duración del viaje, la edad del visitante y el nivel de cobertura contratado.
La Argentina no es el primer país de la región en implementar un requisito de este tipo. En julio de 2018, Ecuador adoptó una medida similar, aunque la misma fue derogada dos meses después tras un cambio legislativo. En el caso argentino, la norma forma parte de una reforma más amplia del marco migratorio impulsada por el Gobierno Nacional.
