El inesperado negocio de los vuelos de deportación para las charters US
Se abrió un negocio millonario para las aerolíneas elegidas para llevar a cabo los programas de expulsiones de la actual Administración Trump. Ese jugoso mercado beneficia a intermediarios y aerolíneas como CSI Aviation, GlobalX y Avelo.
Los traslados aéreos de las personas en proceso de expulsión en Estados Unidos son concentrados por ICE Air, la red que combina vuelos chárter y, en menor medida, aeronaves militares para mover detenidos dentro del país y hacia destinos internacionales. En julio de 2025 se registraron 1.214 vuelos vinculados a deportaciones. Es la cifra máxima desde que existen estos relevamientos. Ya son más de 6.000 los vuelos de este tipo en lo que va del año, según el monitoreo de organizaciones civiles.
CSI Aviation obtuvo en 2024 un contrato marco de hasta US$ 3.600 millones por cinco años para fletar aeronaves a ICE (en medio de disputas y protestas de otros oferentes), lo que la ubica en el centro de esta muy particular logística. Al mismo tiempo, varias compañías operadoras se suman a esta operación de gran escala.
GlobalX multiplicó sus operaciones y, en 2025, los vuelos realizados para ICE llegaron a representar más de la mitad de su facturación trimestral.
Avelo Airlines ingresó al negocio en mayo de 2025 y en muy poco tiempo llegó a concentrar hasta un 10 % de los vuelos internacionales de expulsión. Enfrenta boicots y demandas locales y para bajar su perfil repintó de blanco parte de su flota utilizada en esas misiones.
El rubro “transportation & removals” de ICE rondaba los US$ 721 millones anuales. Con el nuevo paquete presupuestario impulsado por la Casa Blanca, la partida se multiplica y unos análisis independientes estiman que se destinarán US$ 14.400 millones para esta política migratoria en cuatro años (el equivalente a US$ 3.600 millones anuales).
Mientras los vuelos de expulsiones son cada vez más numerosos, crecen las protestas de activistas y varias franjas de la sociedad estadounidense. Se denuncia además la opacidad del sistema, con uso de call signs genéricos y ocultamiento de matrículas bajo el programa LADD de la FAA, lo que dificulta el rastreo público de los vuelos. Aún así, grupos como Witness at the Border y Human Rights First sostienen el monitoreo y documentan salidas desde varios aeropuertos del país.
Crónicas y testimonios de tripulantes y pasajeros describen viajes con personas esposadas de manos y pies, con atenciones médicas de urgencia y traslados prolongados. Investigar esas prácticas —y su compatibilidad con normas de seguridad— es hoy un reclamo recurrente de ONG y académicos.
Mientras tanto, Washington apunta a acelerar las expulsiones alcanzando metas de alto impacto. La demanda de vuelos es sostenida y para las aerolíneas chárter y los brokers, el ciclo abre unos ingresos inesperados.
