Washington anula compensaciones por demoras aéreas
La administración de Donald Trump dejó sin efecto una iniciativa impulsada durante el gobierno de Joe Biden que obligaba a las aerolíneas a compensar económicamente a los pasajeros por demoras prolongadas o cancelaciones atribuibles a las compañías.
El plan de compensaciones presentado el Gobierno de Joe Biden al final de su mandato proponía compensaciones en efectivo que iban de US$ 200 a 300 para demoras domésticas superiores a tres horas, con montos que podrían alcanzar los US$ 775 dólares en casos de interrupciones de más de nueve horas. De haberse implementado, Estados Unidos hubiera adoptado un esquema similar al vigente en la Unión Europea, Canadá y Brasil, donde la compensación está regulada por ley. Sin embargo, el Departamento de Transporte (USDOT) concluyó que avanzar con la medida implicaría “cargas regulatorias innecesarias” y aseguró que carecía de autoridad legal para imponer reembolsos específicos por este tipo de incidentes. Esta decisión fue formalizada en el Federal Register y marca un giro regulatorio que deja atrás uno de los proyectos más ambiciosos de protección al consumidor en el transporte aéreo estadounidense.
La decisión generó críticas en el ámbito político. Un grupo de 18 senadores demócratas había solicitado al gobierno no abandonar el proyecto, argumentando que pretendía aliviar los costos inesperados que sufren las familias ante fallas operativas de las aerolíneas. Organizaciones de defensa del consumidor también respaldaron el plan, señalando que cubriría gastos adicionales y protegería especialmente a pasajeros con discapacidades. Aun así, el USDOT afirmó que la propuesta “no se corresponde con las prioridades de esta administración” y defendió un enfoque que permita al mercado competir en servicios sin imponer nuevos estándares obligatorios.
Las aerolíneas y sus asociaciones celebraron la eliminación del proyecto, sosteniendo que el exceso de regulación encarece los pasajes y no necesariamente mejora la experiencia del usuario. Recordaron además que las compañías ya están obligadas a reembolsar los vuelos cancelados y ofrecen, en algunos casos, alternativas como reprogramaciones gratuitas, vouchers o cobertura de gastos cuando la interrupción se debe a causas internas. No obstante, ninguna aerolínea estadounidense garantiza hoy compensación en efectivo para demoras significativas.
La retirada del plan ocurre en un contexto de tensión para el sistema aéreo estadounidense. La prolongada paralización del gobierno —que duró más de 40 días— afectó al personal de control aéreo y llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar recortes temporales de hasta 6% en las operaciones para aliviar la presión sobre un sistema ya exigido. Según datos reportados al USDOT, más del 60% de las demoras domésticas de tres horas o más registradas entre 2022 y 2023 fueron provocadas por las propias aerolíneas.
Mientras el sector retoma la actividad plena de cara a una de las semanas de mayor movimiento del año (con una proyección de 82 millones de viajeros entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre, según AAA) el debate sobre la protección al pasajero vuelve a quedar en manos del mercado. Para la administración Trump, la flexibilización normativa busca evitar costos adicionales y preservar la competitividad. Para los defensores de mayores garantías, en cambio, la retirada del plan implica una oportunidad perdida para acercar a Estados Unidos a los estándares internacionales en materia de derechos del viajero.
