El accidente de Adamuz generó una crisis en cadena en el sistema ferroviario español
El país europeo atraviesa una crisis operativa tras el accidente ocurrido el 18 de enero de 2026 en Andalucía, cuando colisionaron un tren de Iryo y otro de Renfe, con un saldo de 46 personas fallecidas. Desde entonces, varias líneas funcionan con restricciones y se multiplican las cancelaciones y demoras, en un contexto de cuestionamientos políticos y sindicales.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció el 3 de febrero que el estado de la infraestructura del ramal de alta velocidad hacia Andalucía no permite fijar una fecha concreta para restablecer plenamente el servicio en condiciones de seguridad óptimas. La conexión de alta velocidad entre Madrid y la región sureña continúa parcialmente interrumpida. Su reapertura estaba prevista inicialmente para fines de enero, pero las tareas se vieron demoradas, entre otros factores, por el paso de la tormenta Leonardo.
Restricciones en la línea Madrid–Barcelona
Además de la línea Madrid–Sevilla, también se registran limitaciones en el corredor Madrid–Barcelona, el más transitado del país. El 26 de enero se detectó una fisura en un tramo de la vía, lo que obligó a imponer limitaciones temporales de velocidad. En distintos segmentos, los trenes circulan a 80 o 160 km/h, frente a los 300 km/h habituales en alta velocidad.
Las compañías que operan en este corredor (Iryo, Renfe y Ouigo España) redujeron su oferta para permitir tareas de control y mantenimiento. Como consecuencia, los tiempos de viaje se extendieron en aproximadamente 25 minutos, situación que podría mantenerse hasta diciembre de 2026.
Investigación y reclamos sindicales
Las primeras hipótesis de la investigación sobre el siniestro de Adamuz apuntan a una posible falla de infraestructura. Este escenario generó reclamos desde la oposición política y desde los principales sindicatos del sector ferroviario, que denuncian falta de inversión, planificación deficiente y mantenimiento insuficiente. Las organizaciones sindicales Semaf, CCOO y UGT convocaron a una huelga entre el 9 y el 11 de febrero. La medida provocó la cancelación de más de 330 trenes en todo el país.
La situación comienza a generar preocupación en el sector turístico. La Confederación Española de Agencias de Viajes advirtió sobre posibles consecuencias en la conectividad y en la experiencia de los viajeros internacionales. Según la entidad, agencias y operadores extranjeros solicitan información clara sobre la situación ferroviaria ante la incertidumbre generada por las interrupciones.
La evolución de la crisis dependerá de los avances en la investigación, la recuperación de la infraestructura y las negociaciones con los sindicatos, en un contexto en el que el sistema ferroviario español enfrenta cuestionamientos estructurales y operativos.