El conflicto portuario pone en alerta una temporada récord en Ushuaia
La temporada comenzó sin cancelaciones anunciadas en la programación oficial, aunque persisten los reclamos de trabajadores desplazados, la disputa por la intervención nacional y las diferencias sobre el control de residuos de los buques.
La temporada de cruceros 2026-2027 ya arrancó en Ushuaia con la llegada de los primeros buques de expedición a la Antártida. Se espera una proyección inédita con más de 590 recaladas confirmadas. Es algo como 100 más que durante el ciclo anterior. Pero este récord se plantea en un contexto incierto, acompañado por un conflicto laboral, institucional y operativo que mantiene en alerta al sector turístico y que podría comprometer la previsibilidad, un parámetro indispensable para el sector.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió formalmente la temporada con la llegada del Ventus Australis y presentó el nuevo ciclo como récord. El organismo nacional sostiene que el Puerto de Ushuaia está operativo y destaca obras de mantenimiento, el recambio de 75 defensas del muelle principal, mejoras en agua y energía, un nuevo reglamento operativo y una reducción tarifaria superior al 10 %. El escenario, sin embargo, está atravesado por la intervención administrativa dispuesta por la ANPYN en enero. La Resolución 4/2026 estableció una intervención por doce meses y otorgó al organismo nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal, con el argumento de regularizar cuestiones de infraestructura, seguridad y funcionamiento. El Gobierno de Tierra del Fuego cuestiona judicialmente esa medida y mantiene su reclamo para recuperar la administración provincial del puerto.
Uno de los puntos más delicados es la situación del personal. Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos aseguran que 89 empleados permanecen fuera de sus funciones habituales y que el conflicto alcanza a unas 140 familias. El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias también presentó acciones judiciales vinculadas con las restricciones de ingreso y la actividad gremial. La posibilidad de que las protestas interfieran con el acceso terrestre al puerto encendió las alarmas entre los privados. Sin embargo, los propios trabajadores rechazaron en las últimas horas que sus advertencias deban interpretarse como una amenaza contra la temporada.
Valeria Barría, trabajadora de la DPP, sostuvo que “informar no es amenazar” y aseguró que no existe intención de realizar acciones violentas. Según su planteo, las advertencias buscan exponer las consecuencias de mantener abierto un conflicto que ya lleva ocho meses y reclamar que los trabajadores también sean incorporados a una mesa de diálogo.
Las cámaras piden garantías
La Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Cámara de Comercio de Ushuaia y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo reclamaron garantías y un plan de contingencia que asegure el ingreso y egreso de pasajeros, trabajadores, vehículos y proveedores en caso de que el conflicto se profundice. Las entidades estiman que alrededor de 2.000 puestos de trabajo están directa o indirectamente relacionados con esta actividad, que genera movimiento para hoteles, restaurantes, agencias, transportistas, comercios, operadores turísticos y proveedores.
El riesgo que plantean no se limita a que un crucero determinado tenga dificultades para operar. Las compañías programan itinerarios con mucha anticipación y cualquier pérdida sostenida de previsibilidad podría influir en las decisiones para temporadas posteriores. Este punto es especialmente sensible para Ushuaia, que mira con cierta preocupación el crecimiento sostenido y constante de Punta Arenas y Puerto Williams, en Chile, dos puertos que no esconden sus ambiciones de convertirse en importantes bases de cruceros a la Antártida y quieren romper el quasi monopolio que tiene Ushuaia desde hace mucho tiempo. No significa que exista actualmente un traslado generalizado de recaladas hacia esos destinos, sino que el sector privado teme que una crisis prolongada pueda modificar decisiones futuras de las navieras.
Un nuevo frente operativo
La tensión acaba de sumar además una discusión sobre los controles ambientales. La Provincia denunció el pasado 18 de septiembre que personal de la Secretaría de Ambiente no pudo ingresar al puerto para realizar tareas habituales de fiscalización. El Gobierno fueguino había advertido que, sin esos controles, podría complicarse la trazabilidad y el retiro de determinados residuos provenientes de las embarcaciones, un servicio particularmente relevante durante la temporada de cruceros y la operatoria antártica.
Al mismo tiempo, la posición oficial de la ANPYN continúa siendo que la terminal tiene capacidad para atender normalmente la programación anunciada y que las obras y modificaciones incorporadas buscan precisamente aumentar la seguridad y previsibilidad de las operaciones.
