La justicia española obliga a Airbnb a abonar una multa de 64 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada por la plataforma y ordenó que pague la suma de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.
La sanción, firmada por el ministro Pablo Bustinduy (en la foto), fue aplicada por diversas infracciones detectadas en la publicación de anuncios de viviendas turísticas en la plataforma. Entre ellas, Consumo señaló la difusión de alojamientos sin licencia de uso turístico, la inclusión de números de registro incorrectos y la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que fue considerado publicidad engañosa. Según el expediente, el Ministerio identificó irregularidades en 65.122 anuncios, que ya habían sido retirados de Airbnb en julio de 2025 tras una actuación previa de Consumo.
La mayor parte de la multa, 63.980.311 euros, corresponde a una infracción grave por prácticas comerciales desleales con consumidores y usuarios. El importe equivale a seis veces el beneficio ilícito que, según el Ministerio, obtuvo la empresa mientras los anuncios permanecieron publicados desde el apercibimiento oficial hasta su retirada.
Además, el expediente incluyó otras sanciones: 10.000 euros por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en contratos celebrados a distancia; otros 10.000 euros por no responder a los requerimientos de información durante la instrucción del caso; y 55.000 euros por incumplir medidas provisionales dictadas para evitar perjuicios a consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente.
Airbnb recurrió la sanción ante la Justicia, lo que había suspendido temporalmente la obligación de pago. Sin embargo, con la decisión del TSJ de Madrid, la compañía deberá abonar la multa mientras continúa el proceso judicial. La empresa aún puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
