El turismo boliviano pasó de ministerio a agencia
El Gobierno del país vecino transformó el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía en una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía. ¿Cuál es el objetivo del cambio?
Bolivia está transitando por una nueva etapa política, al igual que la mayoría de los países del continente. Y esto se refleja también en la gestión de su acción turística. El Gobierno encabezado por Rodrigo Paz impulsó una reforma de la estructura estatal que reduce de 14 a 12 la cantidad de ministerios e implica la eliminación del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. El sector no desaparece sin embargo de la órbita pública. En su lugar se crea una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía, concebida por el Ejecutivo como una estructura más ágil, con menos burocracia y mayor capacidad para coordinar acciones con el sector privado y los mercados internacionales. La apuesta oficial es que el nuevo organismo permita acelerar trámites, promover inversiones y dar continuidad a la promoción turística con una lógica más ejecutiva.
Una reforma que divide opiniones
La decisión generó reacciones contrapuestas. Desde el Gobierno sostienen que la nueva agencia permite simplificar procesos y fortalecer la promoción de Bolivia como destino. El objetivo es concentrar esfuerzos en desarrollo de producto, articulación territorial y posicionamiento internacional.
En el sector privado, sin embargo, aparecieron dudas. Jorge Vaca, vicepresidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, expresó su preocupación a medios bolivianos por la desaparición del ministerio y advirtió sobre la posible discontinuidad de proyectos que estaban en marcha. También señaló que el turismo necesita interlocución directa y respuestas rápidas por su impacto sobre empleo e inversión. Su temor es que una estructura más pequeña termine teniendo menos capacidad política o presupuestaria. El Gobierno, en cambio, sostiene exactamente lo contrario y afirmó que la agencia podrá actuar con mayor velocidad.
El cambio institucional llega en un momento particularmente sensible porque Bolivia está trabajando en una estrategia de largo plazo. Durante 2026 comenzó la elaboración del Plan Director de Turismo Sostenible 2026–2035, diseñado con participación de actores públicos, privados, comunitarios y académicos de los nueve departamentos. El proceso cuenta con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apunta a ordenar el crecimiento del sector, mejorar la competitividad y atraer nuevas inversiones. Entre sus objetivos aparece la intención de generar hasta US$ 3.000 millones en ingresos turísticos hacia 2030, además de desarrollar nuevas herramientas de promoción, una marca país más sólida y estrategias específicas para turismo comunitario, cultural, religioso y de naturaleza. La principal incógnita ahora es cómo se integrará la nueva agencia dentro de ese plan.
Un país con activos fuertes, pero oferta fragmentada
Bolivia tiene algunos de los productos turísticos más reconocibles de Sudamérica como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, las ciudades de La Paz, Sucre y Potosí y el Parque Nacional Madidi. Sin embargo, el país todavía enfrenta dificultades para transformar esa diversidad en una oferta internacional más fácil de comercializar.
La nueva estructura pretende justamente trabajar sobre ese punto para poder presentar con mayor claridad circuitos culturales, experiencias de naturaleza, gastronomía, fiestas populares, patrimonio histórico y turismo comunitario. La inclusión del folclore y de la gastronomía dentro del nombre del nuevo organismo refleja la intención de integrar en una misma estrategia elementos que en Bolivia forman parte de una experiencia turística inseparable.
El cambio de ministerio a agencia será observado de cerca por el sector. Si el nuevo organismo logra reducir la burocracia, sostener los proyectos existentes y fortalecer la promoción, la reforma puede transformarse en una herramienta útil para mejorar la competitividad turística. Si, en cambio, la reducción institucional implica pérdida de presupuesto, interlocución o capacidad de ejecución, las críticas del sector privado podrían ganar peso.
